Un Chile con Educación Legítima

Chile se encuentra en una crisis política grave. El rol subsidiario que le corresponde connaturalmente al Estado ha sido suplantado por uno ególatra, absolutista y totalitario. El Gobierno no está actuando de la manera correcta, entrometiéndose en temas que no le incumben por el desempeño secundario que le es propio. No se debe tolerar la contención y encarcelamiento de las iniciativas particulares, derecho innato e inmutable de cada persona individual, logrando sólo entonces una verdadera autonomía social. La educación chilena, tema debatido de manera substancial hoy en día, no es más que un reflejo de la represión estatal, complicación peligrosa que debe ser paralizada bajo toda circunstancia y en todo ámbito.

Descartar el campo legítimo de acción del Estado, y vulnerar el propio de los privados, es ignorar las libertades individuales de los ciudadanos chilenos, derechos inherentes e inalienables. El Estado chileno ha insistido en el último par de años en intervenir en los establecimientos educacionales públicos y privados, alterando el rango de posibilidades de los padres a elegir un colegio para sus hijos. ¿Dónde quedará la amplia gama de opciones que solían disfrutar los apoderados para escoger la educación que ellos consideren adecuada?

Políticas públicas estatales, que dicen ser inclusivas, son ciertamente lo contrario. El promover ecuánimes y restringidos planes de estudio, la educación sin lucro y la limitación de las iniciativas privadas, es promover la politización de un área que, como cualquier otra, no debe ser influenciada por tendencias políticas. Cada dueño de establecimiento educacional privado es apto, acorde al Principio de las Autonomías Sociales, de alcanzar su propio fin objetivo, con el derecho a autogobernarse, eligiendo su propio plan de estudios (en base a ciertos mínimos) y a elegir sus medios adecuados para alcanzar el determinado fin. Lo anterior en ningún caso implica que cada cuerpo intermedio deba o pueda tener fines egoístas sino que, al contrario, acorde al Principio de Totalidad, debe tener un objetivoque siempre sea acorde y en función del Bien Común. Toda agrupación humana, entonces, debe estar al servicio de la persona humana, especialmente el Estado. Es por esto que todo plan de estudio, si bien debe ser flexible en contenidos, debe constar de un piso mínimo de conocimiento que todo chileno debe poseer; especialmente debido al eventual conflicto de entrar a la universidad y no saber, por ejemplo, sumar.

¿Cómo es posible que el Estado chileno predique titularidad en la impartición de educación si su mismo rol servidor hacia al persona humana se lo prohíbe? ¿Cómo puede ser que se le impida a las personas alcanzar su máximo y pleno desarrollo? Chile no está permitiendo la iniciativa educacional privada; Chile no está tolerando el progreso; Chile definitivamente no está estimulando la independencia de los particulares, haciéndose cargo de la educación siendo que le corresponde agotar los esfuerzos para justamente no hacerlo.

Complementando lo expuesto, es elemental hacer notar que los mismos padres, y no sólo los administradores de los establecimientos educacionales, son vulnerados por la intervención estatal. Los apoderados y, por consecuencia, sus hijos, no tienen la opción de recibir la educación que desean. Un católico apostólico romano y un niño con padres protestantes, de igual manera, no podrán acceder a la educación cristiana que buscan, ya sea por un plan de estudios tan complejo y extenso que no deja espacio para otra cosa, o por la eliminación de la posibilidad de iniciativa privada educacional cristiana.

¿Y si quiero que mis hijos aprendan inglés y los principios disciplinarios británicos? ¿Y si quiero que mis hijos vivan su fe de la manera más completa? ¿Entonces qué? Hay una clara vulneración de la libertad de enseñanza y del derecho de elección de los padres. Recordemos que la educación no sólo consta de la informal en casa, sino que también de la formal, recibida únicamente en establecimientos educacionales que lo permitan.

Se refuta por algunos izquierdistas que los padres no tienen el deber ni mucho menos el derecho de intervenir en las elecciones de sus hijos, ya que se están inmiscuyendo en su futuro, cosas que no les corresponde en ningún caso. Su futuro debe estar definido por una igualdad de oportunidades y conocimientos elemental, y no por lo que prefieran subjetivamente y egoístamente sus padres. ¿Es esto cierto? Por su puesto que no. Un padre, como jefe de familia, tiene el deber, responsabilidad y obligación, como fin primario del matrimonio, de educar a sus hijos. Se negaría la definición del matrimonio si se sostuviera lo contrario, quitándoles una responsabilidad primaria y fundamental, desvirtuando la tesis del matrimonio y promoviendo, a largo plazo, la monopolización educacional del Estado.

¿Qué hacer ahora, entonces? Dejemos que Chile sea un país libre, con iniciativa privada y acorde a las esferas adecuadas privadas y públicas. Que se hable de un derecho a la educación, pero jamás en desmedro de la libertad de enseñanza, y siempre con la correcta aplicación del Principio de Subsidiariedad. Que la educación en Chile sea legítima.